El inicio de 2026 vuelve a poner sobre la mesa una discusión ineludible para el Ecuador: la necesidad de consolidar una agenda comercial ambiciosa, coherente y sostenida en el tiempo. El país ha demostrado que puede competir, crecer y diversificar su oferta exportable incluso en contextos internacionales complejos. Sin embargo, ese esfuerzo productivo enfrenta hoy un límite estructural que no puede seguir siendo postergado.
El acceso y la permanencia en los mercados internacionales no dependen únicamente de acuerdos comerciales y de inversión, promoción o apertura de destinos. Dependen, de manera directa, de la solidez de las instituciones encargadas de garantizar la calidad e inocuidad de los productos exportables. Sin autoridades técnicas fuertes, creíbles y operativas, cualquier agenda comercial queda incompleta.
Los sectores agroexportadores y exportadores del Ecuador, que en conjunto representan decenas de miles de millones de dólares en exportaciones anuales, generan empleo y sostienen el ingreso de divisas, dependen de manera obligatoria de entidades públicas responsables de inspección, control, certificación y vigilancia sanitaria. Organismos como Agrocalidad y la Subsecretaría de Calidad e Inocuidad cumplen un rol estratégico para el banano, el cacao, el plátano, la madera, la pesca, el camarón y otros productos que han posicionado al país en los principales mercados del mundo.
Sin embargo, resulta evidente una brecha cada vez más profunda entre el crecimiento de los sectores exportadores y la capacidad operativa de estas autoridades. Esta brecha no es reciente ni coyuntural. Es el resultado de un deterioro acumulado, sostenido en el tiempo, que se ha agudizado en los últimos años. Sectores que crecen, se tecnifican y elevan estándares requieren, por lógica, autoridades que crezcan con ellos. Cuando eso no ocurre, el riesgo es real, es operativo, reputacional y comercial.
Existe además un elemento que merece subrayarse. Los servicios que prestan estas entidades: inspecciones, certificaciones, controles y análisis se financian mediante tasas que pagan obligatoriamente los exportadores. Sin embargo, esos recursos no se reinvierten de manera proporcional en fortalecer la capacidad técnica, el personal, la infraestructura y los sistemas que el propio Estado exige para cumplir con los estándares internacionales. Esta desconexión debilita al sistema y compromete su sostenibilidad.
Un país que apuesta por más exportaciones debe apostar, al mismo tiempo, por autoridades sanitarias a la altura de esa ambición. Frente a esta realidad, es necesario también abrir el debate a soluciones pragmáticas. Delegar ciertos servicios técnicos especializados, como análisis de laboratorio, a operadores privados acreditados no debilita al Estado; por el contrario, puede permitirle concentrarse en su rol esencial de regulación, control y habilitación, asegurando eficiencia y credibilidad ante los mercados de destino.
Desde CORDEX, insistimos en que la agenda comercial del Ecuador no puede construirse de espaldas a su andamiaje institucional interno. Fortalecer las entidades de calidad e inocuidad no es una demanda sectorial ni un reclamo gremial: es una condición país.
Convertir el potencial exportador del Ecuador en resultados sostenidos exige mirar la agenda comercial y el fortalecimiento institucional como dos partes de una misma estrategia. Postergar esta discusión solo incrementa los riesgos. Abordarla con seriedad, técnica y visión de largo plazo marcará la diferencia entre competir y quedar rezagados en un comercio internacional cada vez más exigente.
