En medio de un entorno internacional exigente y de una economía interna que demanda más dinamismo, vuelve a ponerse sobre la mesa un tema que no puede seguir postergándose: cómo aseguramos que nuestros sectores productivos puedan competir en igualdad de condiciones.
Somos un país dolarizado. Esa decisión, adoptada hace más de dos décadas, nos dio estabilidad macroeconómica en un momento crítico, pero también nos impuso una condición estructural: al no tener moneda propia, no podemos devaluar para ganar competitividad. Nuestra única herramienta sostenible es la competitividad interna, por lo que, si no podemos ajustar el tipo de cambio, debemos ajustar nuestras ineficiencias.
Durante años hemos acumulado distorsiones que operan en sentido contrario. Cuando el Estado fija precios internos, establece precios oficiales o traslada ineficiencias de una cadena productiva a otra, altera la estructura de costos de sectores que luego deben salir a competir internacionalmente. En la práctica, se generan subsidios cruzados: un sector absorbe sobrecostos para sostener a otro. Esos sobrecostos no los asume el Estado; los asume el productor que pierde margen, reduce inversión y limita su capacidad de crecer.
Ningún país puede consolidar una vocación exportadora si obliga a sus sectores más dinámicos a cargar con desventajas que sus competidores no enfrentan.
Un ejemplo evidente es lo que ocurre con el maíz y su impacto en la cadena de proteína animal. Esquemas de precio mínimo que obligan a absorber producción local a valores muy superiores a los internacionales terminan encareciendo toda la cadena. Mientras nuestros competidores adquieren insumos a precios de mercado global, aquí se incorporan costos adicionales que erosionan competitividad tanto en el mercado interno como en el externo.
Y este no es un caso aislado. Existen otros sectores exportadores que absorben ineficiencias, estatales o privadas, derivadas de políticas heredadas durante décadas. Todas son cargas acumuladas que operan como un lastre silencioso sobre cadenas con enorme potencial de crecimiento.
No se trata de eliminar sectores ni de enfrentar actividades productivas entre sí. Se trata de reconocer que ciertos mecanismos, aunque hayan tenido un origen legítimo, hoy generan efectos que debilitan a quienes tienen potencial de exportar, generar divisas y empleo formal. En muchos casos, ni siquiera es el productor primario quien captura el beneficio completo, sino intermediaciones que distorsionan el sistema.
Si queremos un Ecuador exportador, debemos construir una economía coherente con nuestra realidad dolarizada: menos distorsiones, más eficiencia; menos sobrecostos estructurales, más productividad.
El país no puede seguir postergando decisiones estructurales mientras otros avanzan. Cada sobrecosto acumulado es una inversión que no se realiza. Cada distorsión mantenida es un mercado que se pierde.
Ecuador tiene sectores capaces de competir con cualquiera en el mundo. Lo han demostrado una y otra vez. Pero competir no puede significar hacerlo con la cancha inclinada.
